Hosteleros de Santander, restauradores, agencias de viajes, reventas, vendedores ambulantes, tiendas de regalos y otras gentes de mal vivir por su evidente y manifiesta relación con la tauromaquia. Sepan que su Ayuntamiento, el que debe velar por el bien de todos, acaba de restringir de manera notable vuestros ingresos anuales eliminando la aportación anual a la empresa municipal que organiza la Feria Taurina de Santiago. Esto no es más -sin paños calientes de por medio- que negarse medios a sí mismo.
Sí, sí. Como suena. La oposición del Ayuntamiento de una capital de provincia se confabula -tal cual, no andemos con paños calientes- para que una empresa suya, propia, del Consistorio, creada y gestionada por personas dependientes del Gobierno municipal, tenga todas las trabas posibles para que no desarrolle su trabajo de forma rentable y correcta. ¿Qué le llamaríamos a una persona que vemos intentar meter palos en las ruedas cuando va montando en bicicleta? Sí, sí. Eso mismo.
Son 100.000 euros de aportación municipal a la empresa Plaza de Toros, que sirven para gestionar una feria que mueve 1,2 millones de euros de forma directa. Once veces más de la aportación municipal. Es, por tanto, una empresa muy rentable para el objetivo que le marca el Ayuntamiento, dado que un estudio de la Universidad de Cantabria explica que «Cada euro que pone el Ayuntamiento se multiplica por 70 y tiene un importante retorno económico para restaurantes, hoteles y comercio de la ciudad», argumento que utiliza el alcalde, Íñigo de la Serna, para mantener la entidad en funcionamiento. Los datos son aplastantes.
Llama la atención también que los que ahora votan la eliminación de la aportación, todos con representantes en la empresa Plaza de Toros, también votasen a favor de los presupuestos anuales en la asamblea de la entidad. Es decir, primero dotan de marchamo económico a la feria y luego le cortan la respiración a un negocio que es de su responsabilidad. Repito, es su responsabilidad que la empresa que gestiona la plaza SEA RENTABLE. De lo contrario, deberían existir -y existen- mecanismos legales por los que exigir responsabilidades a quienes se guían por argumentos personales para echar por tierra bienes municipales.
Muy populista es la frase del portavoz socialista, Pedro Casares, que afirma, cual líder de república bananera, que «el que quiera toros, que los pague». Así es, señor Casares. El que quiere toros los paga. Lo que hace el Ayuntamiento es gestionar una empresa que busca el beneficio de quienes pagan sus impuestos para -entre otras cosas- pagarle a usted. Si usted, conscientemente, busca el perjuicio de una empresa municipal, tal vez haya que exigirle responsabilidades penales. A usted y a cuantos votaron como usted. Porque el voto es una responsabilidad, no un capricho.
Y es que, además, esta peligrosa deriva en la que entra el Ayuntamiento de Santander pone en serio peligro las aportaciones municipales a otras empresas de la misma naturaleza de las que se sirve el Consistorio para gestionar otras actividades. ¿Por qué unas sí y otras no, siendo legales todas? Trabajo hay para los juristas de la Fundación, aunque son los propios santanderinos los que necesitan defensa, porque si una de las actividades que más aporta al turismo de la ciudad -su principal motor económico- se ve en estas circunstancias, mal vamos con la administración de sus impuestos. ¿No hay en la ciudad problemas más acuciantes que poner palos en las ruedas de un motor que funciona? Cosas veredes…