MARCO A. HIERRO
La sede de la firma de abogados Cremades y Calvo
Sotelo, en estrecho trabajo siempre con la Fundación del Toro de Lidia, fue el
escenario elegido para la rueda de prensa esta mañana en la que se explicaron
las medidas que se van a tomar para frenar y castigar los comentarios ofensivos
y hasta lesivos del honor vertidos a través de las redes sociales a raíz del
fallecimiento en el ruedo del matador de toros Víctor Barrio.
Ante una multitud de medios informativos, los
patronos de la Fundación Juan Diego y Carlos Núñez, y los abogados de la firma
repartieron un dossier de grueso calibre en el que se recogen los comentarios
recogidos desde el pasado sábado, objeto de las demandas. El presidente de la
Fundación, Carlos Núñez, fue el primero en intervenir, presentando a Juan Diego
y a los abogados José Manuel Soriano y Vicente Conde.
Fue José Miguel Soriano, abogado de Cremades y
Calvo Sotelo, quien explicó que la Fundación, a quien representa, tiene el
objetivo de restablecer el honor y la dignidad del torero, mancillado desde el
pasado sábado. Soriano explicó que la libertad de expresión «hay
que defenderla siempre y acatarla, pero también acotar su abuso. Ya os podemos
anunciar que la Fundación está en contacto con la Guardia Civil, la Policía y
el propio Gobierno, dado que estamos ante una situación sin precedentes. Este
es un gremio legal, amparado por la ley y atacado sin remisión impunemente, lo
cual es muy grave en el Estado de Derecho».
«Ya se ha puesto la demanda pertinente ante la Policía para que
sean ellos quienes identifiquen y cursen las acciones pertinentes. El
cumplimiento de la ley exige actuaciones contundentes y ejemplarizantes para
paliar atentados contra derechos fundamentales que trascienden al mundo del
toro. Estamos analizando las acciones que tienen pertinencia en este caso para
paliar el ataque directo a la dignidad de las personas y a la incitación al
odio, con personas cometiendo auténticas tropelías contra el Estado de Derecho«, comentó el abogado. Soriano anunció además «contactos
al máximo nivel con los ministerios pertinentes, puesto que estamos aquí
defendiendo el cumplimiento de la ley».
Sobre el posible vacío en la legislación por lo
novedoso de las redes sociales, Soriano aseguró que no hay «delitos
telemáticos. Si hay un delito da igual la plataforma que sutilidad para su
consecución, porque lo importante es el fondo. Es más, la publicidad para
cometer un delito es un agravante tipificado así en la legislación«.
Por su parte, y preguntado sobre el sentimiento entre los matadores por este
tipo de ataques, respondió que sus compañeros «nunca han atacado los gustos de
la gente, y por eso nos sentimos ultrajados por estas actuaciones ante la
muerte de un hombre que ejercía su profesión amparado por la ley».
Ya hay en torno a siete personas denunciadas ante
la Policía y la Guardia Civil, por mensajes emitidos que «creemos que tienen tintes
delictivos, pero esta actuación no acaba aquí, porque seguimos analizando
mensajes para su persecución», comentó de nuevo Soriano.
«Se ha puesto muy de manifiesto el acoso que recibimos diariamente
los que trabajamos directa o indirectamente en este mundo», explicó Juan Diego, que denunció «el rechazo animalistas que quiere
imponer sus ideas saltando por encima de la legislación y mancillando
moralmente a este gremio«. La Fundación anunció, además, que ya
está en contacto con la familia del torero, que está al corriente de todo y ha
mostrado su «decisión absoluta para perseguir a este tipo de personajes,
explicó Juan Diego.
Otro de los abogados de la firma, Vicente Conde,
fue el que explicó el tipo de acciones que han de emprenderse, que en muchos de
los casos está «abriendo un camino jurídico. Incluso si
hubiera que proponer una reforma legal, por cubrir algún espacio no cubierto
por la ley, se haría«, en este sentido. Sobre las consecuencias de
estas actuaciones para los posibles infractores de la ley dependerá «de
los procesos iniciados contra ellos, porque no es lo mismo una sanción
administrativa que una penal, y ambas son posibles».
Juan Diego dejó claro que esta situación «va
más allá del ámbito taurino y causa lesiones a la dignidad de las personas, por
lo que ya existen movimientos sociales que han reaccionado y se han recogido,
por ejemplo, más de 150.000 firmas para emprender acciones contra alguno de los
denunciados».
La firma, en nombre de la Fundación, reclamó,
además, «la publicación de la sentencia del Tribunal Constitucional contra la
prohibición de las corridas de toros en Cataluña, una vulnerabilidad clara del
Estado de Derecho por invasión de competencias, caldo de cultivo para los
sucesos en las redes sociales que estamos denunciando. La justicia que llega
tarde no es justicia».
