El pasado lunes 22 de julio, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sancionó la Ley 2385 del 22 de julio de 2024, una legislación que prohíbe la realización de corridas de toros, rejoneo, novilladas, becerradas y tientas en Colombia. Este movimiento ha generado una fuerte reacción del sector taurino, que ve en esta medida un ataque a una tradición profundamente arraigada y un atentado contra sus derechos y libertades culturales.
El evento que celebró la firma de la Ley antitaurina, organizado por el presidente Petro en la plaza de toros Santamaría de Bogotá, no logró convocar a una gran multitud, con una asistencia de apenas 300 personas en un recinto con capacidad para 12.000. Este bajo interés contrasta con la popularidad de las corridas de toros, que usualmente llenaban la plaza.
En respuesta a la sanción de la Ley, el sector taurino, encabezado por el congresista Christian Garcés, ha interpuesto una demanda ante la Corte Constitucional para solicitar la declaración de inexequibilidad de la norma. Garcés argumenta que la Ley vulnera libertades y derechos fundamentales consagrados en la Constitución, afectando a miles de colombianos que participan en la cultura taurina. Además, señala que hubo vicios en el trámite legislativo que deben ser considerados.
Como parte de su estrategia, Garcés ha solicitado una medida provisional para suspender la vigencia de la Ley mientras la Corte Constitucional toma una decisión definitiva sobre su constitucionalidad. Esta medida busca permitir la continuación de la actividad taurina en el país durante el proceso judicial, asegurando que las tradiciones y derechos de los aficionados y profesionales taurinos sean respetados mientras se resuelve el debate legal.