Por la Asociación Internacional de Tauromaquia
Recientemente,
el ayuntamiento de Palma de Mallorca ha declarado a su ciudad anti taurina. ¿Alguien se imagina declarar a cualquiera de las ciudades o pueblos de España
localidad anti-pictórica, anti-literaria, anti-musical, anti-teatral o
anticultural?. Sin duda, resultaría insólito porque la cultura pertenece a los
pueblos.
Pero no sólo se trata de un acto incongruente, es que además este
comportamiento de los integrantes del ayuntamiento de Palma de Mallorca es
completamente ilegal y expone a los miembros de la corporación, autores de
semejante disparate, a tener que dar la cara ante la justicia por actuar
manifiestamente en contra de la Constitución y de la ley.
La Constitución
Española establece el marco del estado de derecho en el que nuestra sociedad se
desenvuelve. Su artículo 46 nos señala que el patrimonio cultural debe ser conservado
y enriquecido y que la ley penal sancionará los atentados contra ese
patrimonio. La ley 18/2013, de 12 de noviembre que regula la Tauromaquia como
patrimonio cultural, establece que ésta debe ser objeto de protección,
conservación y enriquecimiento, conforme a los establecido en la Constitución,
las leyes y los tratados internacionales sobre la materia.
Entonces, ¿por qué
una corporación municipal actúa impunemente en contra de parte de nuestro
patrimonio cultural? Y, ¿por qué oculto interés se le permite? Los alcaldes y
concejales que despliegan esta insensata conducta pueden estar incursos en el
delito de prevaricación por actuar de manera consciente en contra de la
Constitución y las leyes, de manera sistemática, discriminatoria y por motivos
políticos. Vale decir, podrían ser imputados.
¿A qué esperan los poderes
públicos para hacer cumplir las leyes; cómo es que no se ha actuado de oficio
contra quienes cometen este expolio contra nuestro patrimonio; quién tiene la
responsabilidad de actuar en defensa de nuestro patrimonio cultural? Está
alguien incurriendo en dejación de funciones?
