La Audiencia Nacional ha admitido a trámite la impugnación de la Asociación de Profesionales Taurinos –ASPROT– contra los dos convenios colectivos nacionales taurinos que, desde hace años, regulan el sector profesional. La asociación sindical presentó demanda de impugnación del convenio colectivo nacional taurino estatutario, integrado, entre otras asociaciones, por la Unión Nacional de Banderilleros y Picadores Españoles –UNPBE-, Unión de Toreros -UT-, la Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos –ANOET– y la Asociación de Mozos de Espadas -ASNAME-.
Varias de ellas protagonizaron el suceso acaecido el pasado mes de septiembre en Villaseca de la Sagra, donde intentaron boicotear la Feria de novilladas con el objetivo de suspenderla tras estar ésta acogida a un acuerdo que busca la viabilidad de los festejos menores en plazas de tercera y cuarta.
Asimismo, se ha impugnado el convenio colectivo nacional taurino extraestatutario, ya que ambos convenios vienen llevando a cabo la función de los visados de contratos de festejos taurinos «de forma injusta, perjudicando a los profesionales más débiles del sector, como son matadores de toros de los grupos inferiores, novilleros y rejoneadores», denuncia ASPROT.
Impugnados los «abusos por los derechos de imagen» en festejos taurinos
Se han impugnado «los abusos, entre otros motivos, por parte de la UNPBE y ANOET respecto de los derechos de imagen que vienen percibiendo de forma abusiva e injustificada en exclusividad por parte de las asociaciones mayoritarias en detrimento de los demás profesionales, matadores, novilleros, rejoneadores y afiliados de ASPROT, unos por no percibirlos nunca y otros en pocas ocasiones”, añade la asociación.
“Pedimos que se cuantifiquen las cantidades con respecto a estos derechos a futuro, en cantidades exactas para todos los que actúan en festejos televisados”.
Asimismo, se denuncia «el abusivo acuerdo que gestiona ANOET con la bonificación de la reducción del 25% de los salarios establecidos en los convenios para matadores y cuadrillas, acuerdo ilícito que se ha llevado a cabo sin ajustarse al procedimiento establecido, y modificando los derechos reconocidos en convenios«.
«Al tratarse de un acuerdo totalmente ilícito, se reclamaría a todas las empresas que ANOET le ha dado el visto bueno mediante certificados de calidad, supuestamente previo pago de los mismos que, presumiblemente, se habrían lucrado indebidamente por la expedición de certificados de calidad y que, de resultar estimada la pretensión de ASPROT, dichas empresas tendrían que abonar la diferencia de salarios y cotizaciones a la seguridad social de todos los profesionales a los que se haya reducido sus salarios en el presente año 2021″, añade el comunicado.
Sobre el 25% de reducción de sueldos por pandemia
Asimismo también se cuestionan los descuelgues salariales que se han venido efectuando por los convenios en ciertos supuestos que no estén justificados y pactados por los profesionales taurinos, «ya que de todo esto vienen aprovechándose, sobre todo, las empresas de primera y segunda categoría”.
También se impugna la ilicitud por parte de los convenios relativa a los requerimientos de documentación a los jefes de cuadrillas y a los profesionales en general, así como las denegaciones de visados que, «arbitrariamente, vienen efectuándose sin que exista reclamación previa como últimamente viene ocurriendo a raíz del fracaso monumental de tres de las asociaciones del convenio estatutario con respecto a la huelga convocada en Villaseca de la Sagra, cuya finalidad era suspender las novilladas programadas». El resultado «fue totalmente frustrado y presumiblemente, como represalias, vienen requiriendo documentación para denegar los visados a quienes decidieron no secundar la huelga», para así «impedirles el derecho a no actuar como profesionales, es decir, el legítimo derecho al trabajo».
Asimismo también se impugna la bonificación del 10% establecido en el convenio colectivo nacional estatutario de 2014 por «vulnerar los derechos reconocidos a los profesionales».
En principio, se había fijado fecha por la Audiencia Nacional para la celebración del juicio para el día 15 de diciembre del presente año y por razones expuestas de las asociaciones demandadas, se ha pospuesto para el próximo 18 de enero de 2022.
