Los toros volverán a ser la actividad cultural menos subvencionada por el Estado en los Presupuestos Generales del Estado: en 2019 y 2020 fueron apenas 65.000 euros los que percibió la tauromaquia que suponen un agravio comparativo con otros espectáculos. Por ejemplo, con los 100 millones de euros para la música, los 100 para el cine o los 50 para el teatro. Y 210 millones para el bono joven que Y ahora, además, tras una pandemia que está asfixiando al sector, de nuevo serán migajas lo que reciba.
Porque el mundo del toro es mucho más que toreros y subalternos, a los que se les ha concedido unas ayudas que aún han tardado en percibir. Son empresas a las que se les ha obligado a parar, son taquilleros que no han podido trabajar, mulilleros que no han podido dar de comer a sus animales, cuadras de caballos que han sido obligadas a venderlos, medios de comunicación condenados a una ruina absoluta. Todo un conjunto de pequeños pilares que conforman la gran columna que sostiene al toreo.
El de la tauromaquia es -por más que quieran algunos que prevalezcan sus opiniones personales- un sector legal y protegido por la Ley 18/2013, que exige, además, su fomento y su amparo por parte del Gobierno. Pero el Gobierno anda a otra cosa que no es la pandemia -que haría mucho más comprensible su actitud-. El Gobierno está a salvar el culo a costa de la pandemia, que no es ni parecido, mire usted.
Pero, puestos a otorgar al Gobierno socialcomunista el beneficio de la duda, digamos que se espera de un Ejecutivo de tal color un trato igualitario, equitativo, justo socialmente, equilibrado económicamente, casi paternal, dado que hay un elemento comunista ocupando varios ministerios. Pero lo que nos encontramos es un continuo despropósito desinformativo destinado a intoxicar a la opinión pública con datos falsos que -para evitar agravios comparativos con otras artes- no pasaría nada porque fueran verdaderos. Esto es: vamos a inventar una mentira que convierta la verdad en intolerable para la sociedad.
Y llegan las falacias de las subvenciones cuando están en el aire los PGE. No falla. Y así nadie protesta por el tremendo atentado que el Gobierno perpetra contra la Ley. La ley, oiga, no el gusto, la sensibilidad o la opinión de unos señores. Y señoras, perdonen, que es en esto del lenguaje inclusivo donde figura la igual-da que defiende el Ejecutivo.
Pero, viendo el derroche de pasta de que se mueve en el dinero público, donde un voto de Errejón cuesta 50 millones de euros para ver lo productivo que es trabajar menos, nos hemos preguntado lo que debería preguntarse cualquier experto en leyes: y la tauromaquia, ¿por qué recibe esa migaja del Estado y no se la trata como a los demás? ¿Por qué consumimos nuestras energías negando las subvenciones cuando deberían ser exactamente las mismas que para los demás? O, al menos, en una proporción justa. Hasta ese terreno nos hemos dejado comer y ahora ya no hay quién lo solucione. Porque entre los políticos impera siempre el buenismo, no el sentido común. Y trabajan por el voto, no por la justicia. Y como no hay quien acometa la tarea de pararles los pies…
Y mientras, nosotros seguimos sin apoyar manifestaciones ni secundar como sector la respuesta que el mundo rural hará a los ataques del Gobierno el 20 de marzo en Madrid.