La noticia del día es, sin duda, el regreso de los festejos taurinos íntegros a la Santamaría de Bogotá. Si bien, desde hace dos años no se dan toros en la principal plaza colombiana, es cierto que se han publicado las licitaciones correspondientes, pero bajo unas condiciones que cercenaban la tauromaquia haciéndola incruenta, razón por la que los empresarios taurinos se negaron a solicitar la plaza.
Una vez publicada la sentencia de la Corte Constitucional colombiana, que deja sin piso el acuerdo 767 de 2020 del Concejo de Bogotá, se encienden las maquinarias para el regreso efectivo de los festejos a Bogotá. Algo que, a priori, tampoco parece tan sencillo, por mucho que la legalidad esté a favor.
Resulta que en Colombia la Ley que permite y reglamenta los espectáculos taurinos, garantizan la celebración de estos exclusivamente en aquellas localidades donde hay una tradición arraigada y sólo durante las fechas que dicha tradición se ha cumplido. Es decir, si en Bogotá se han dado históricamente los toros en los meses de enero y febrero, no se pueden dar en marzo, julio o septiembre. Por tanto, si la Alcaldía de Bogotá, a través del IDRD (Instituto Distrital de Recreación y Deporte), ente encargado de la administración del coso, se pusiera manos a la obra para reabrir el proceso licitatorio, tendría que redactar un nuevo pliego, pues el correspondiente a la temporada 2023, se cerró durante la primera semana del pasado mes de diciembre, sin que ninguna empresa se presentara, ya que se adoptaban las medidas del acuerdo 767.
Además, si tiramos de hemeroteca, veremos como desde el IDRD de una Alcaldía marcadamente antitaurina desde hace varios ejercicios, dilatan al máximo la publicación de estos pliegos, con el único objetivo de dificultar la programación taurina, al dejar a los empresarios con apenas tiempo físico para una organización optima de la temporada.
De tal manera que podríamos olvidarnos de una programación taurina inmediata, es decir, entre enero y febrero de 2023, pues a 10 de enero, tendríamos que esperar la publicación de ese nuevo pliego con las modificaciones correspondientes al anterior. Una vez publicado, se deben cumplir las dos semanas mínimas de plazo para la presentación de las propuestas y, luego, la formalización del contrato, que siempre toma unas semanas más. Con lo cual, nos plantaríamos ya en las últimas semanas de febrero. Por lo tanto, esta posibilidad parece algo más que utópica y será mucho más viable que se siga el proceso normal, con los tiempos que desde el IDRD siempre han manejado (entre finales de noviembre y principios de diciembre), para la próxima temporada.
Ahora bien, confiando en que desde la Alcaldía no se pondrán más palos en la rueda de un nuevo proceso licitatorio, hay un tema que no es moco de pavo para la organización de los festejos en Bogotá y es la carga impositiva. Pues el estrangulamiento económico que está viviendo la tauromaquia en Colombia es brutal. Para no ir más lejos, durante la última feria taurina celebrada en Bogotá, en el año 2020, el 34% de cada entrada iba directamente a las arcas públicas. El 10% correspondía a la Ley nacional del Deporte; otro 10% es del impuesto distrital de Fondo de Pobres, Azar y Espectáculos; y el 14% restante corresponde al uso de la plaza de toros. A todo esto, a partir de este 2023, estos espectáculos también están gravados con un 19% de IVA. Con lo que nos ponemos, automáticamente, en un 53% de carga impositiva, sin contar con los gastos de los permisos, que tampoco son baratos.
Con lo cual, cualquier empresario que quiera dar toros en la Santamaría debe saber que cuenta sólo con el 47% del ingreso por taquilla para pagar toros, toreros, subalternos, personal técnico, de plaza y otros gastos logísticos.
Por si fuera poco, al abandono de la administración en cuanto a cualquier ayuda, ya fuera en partida presupuestaria o, al menos, en publicidad de las fiestas locales que impulsan el turismo, se suma que las empresas públicas también han dejado de anunciarse y patrocinar unos festejos en los que tradicionalmente han visto incrementadas sus ventas ostensiblemente, como son, por ejemplo, las empresas departamentales de licores. Un producto que, por cierto, tampoco se puede vender en la plaza, por disposición de la Alcaldía de Bogotá, cercenando de tajo un ingreso ocasional que podría obtener el valiente que quiera dar toros en la capital colombiana.